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La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha manifestado a favor de la apertura de centros de deportación para personas extranjeras fuera de los países de la Unión Europea en línea con el actual “Modelo Meloni” en Albania. Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- mostramos nuestro total rechazo por la propuesta y la profunda preocupación por estas políticas que asumen los postulados de la ultraderecha en Europa, con consecuencias dramáticas para los derechos humanos y los valores fundacionales de la Unión.

Estamos ya asistiendo a la puesta en marcha del anunciado “Modelo Meloni” en Albania, ejemplo de “soluciones innovadoras” en materia de políticas de migración de la UE. Las primeras personas migrantes han llegado ya desde Italia al puerto de Shëngjin en Albania, transportadas por un barco de la marina militar italiana. El destino posterior de estas personas será el centro de “detención administrativa” de Gjadër, un antiguo centro militar albanés, ahora gestionado y bajo la jurisdicción de un país de la UE, en este caso, del Gobierno italiano. Según el acuerdo firmado el año pasado por ambos gobiernos, se espera que Albania reciba a cerca de 3.000 personas migrantes desde Italia, es decir, desde territorio comunitario.

Numerosas organizaciones que trabajamos en la acogida de personas migrantes y refugiadas y en la defensa de sus derechos hemos venido denunciando que la externalización a terceros países de las obligaciones en materia de inmigración y asilo es un caldo de cultivo para que se produzcan violaciones de los Derechos Humanos.

La creación de centros de deportación de personas migrantes fuera de la UE es un retroceso que vulnera los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y los propios fundamentos de la Unión. Migrar es un derecho, no un delito, y este tipo de medidas no solo criminalizan a las personas que migran, sino que deshumanizan un proceso que debería centrarse en la protección y el respeto a la vida y la dignidad humana.

Las prácticas de externalización de fronteras ya han sido llevadas a cabo por la UE anteriormente de forma lamentable. Ejemplo de ello fue el Acuerdo con Turquía, a través del cual, y a cambio de once mil millones de euros, Turquía acoge a los solicitantes de asilo sirios y afganos, impidiéndoles entrar en de la UE para solicitar asilo. Ya es públicamente conocido el total desprecio a loa derechos humanos con que Turquía trata a esas personas migrantes.

La Unión Europea debe afrontar políticas migratorias que respeten el Derecho Internacional y los Derechos Humanos, la necesidad de regular rutas legales y seguras que garanticen la integridad de las personas y el derecho al asilo. Expulsar hacia países no comunitarios a migrantes, solicitantes de asilo o a posibles víctimas de trata o explotación, no elude las responsabilidades que la UE y sus países miembros ostentan, sino que las agravan.

Tenemos una responsabilidad ética, política y legal en materia humanitaria y en materia de acogida que estamos incumpliendo con un marcado tinte xenófobo, que valida las narrativas de la extrema derecha y contradice los valores de la Europa Ilustrada.

La inclusión financiera no es posible si las entidades bancarias continúan obstaculizando el acceso a las cuentas de pago básicas

Lunes, 7 de noviembre de 2024. Las entidades sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad siguen detectando incidencias y trabas por parte de las entidades bancarias a la hora de conceder cuentas de pago básica. Esto constituye una irregularidad en la medida en que la cuenta de pago básica es el único instrumento financiero cuyo derecho se establece por ley (Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, que traspone la Directiva 2014/92).

En la Semana de la Educación Financiera consideramos fundamental que se dé un impulso legislativo definitivo a la norma que desarrolla la Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente Financiero porque incorpora avances para subsanar estos problemas.

Por ejemplo, las entidades de crédito tendrán que contar con un registro que dé cuenta de las solicitudes de apertura de cuenta de pago básica recibidas y su estado de tramitación, hasta seis años después de la fecha de presentación de la solicitud. Datos que tendrán que estar a disposición del Banco de España cuando los requiera y que permitirán hacer un seguimiento del que ahora se carece: no sabemos qué solicitudes se estiman o deniegan.

Además, se posibilita la apertura de una cuenta pese a contar con otra cuenta abierta en caso de encontrarse en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera.

Es arbitraria la documentación requerida cuando se trata de acreditar la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas para que dicha cuenta pueda ser gratuita.

Se exige la contratación de seguros u otros productos bancarios para autorizar la apertura de la cuenta de pago básica o se cobran comisiones.

Aumentan y se clarifican los documentos válidos acreditativos de identificación formal de las personas solicitantes de protección internacional y apatridia expedidos por el Ministerio del Interior.

Precisamente, las dificultades se multiplican en el caso de las personas migrantes y refugiadas, porque las entidades bancarias rechazan documentos acreditativos de la identidad de las personas, como la tarjeta de solicitante de protección internacional (TR o TB), el resguardo de solicitud de protección internacional (RSPI), a pesar tener plena validez o se solicita la aportación de DNI, NIE o pasaporte.

Se deniega la apertura a pesar de identificarse con un pasaporte vigente y válido, disponer de un TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjeros), o estar en proceso de renovación de documentación.

Se requiere documentación no necesaria o que no son documentos acreditativos de la identidad contemplados en la normativa para la apertura de una cuenta de pago básica como:

Se solicita documentación adicional a la requerida según la normativa vigente apoyándose en la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo para justificar la no apertura de la cuenta bancaria. Determinadas nacionalidades se encuentran sistemáticamente con mayores dificultades, a pesar de ser solicitantes de protección internacional o disponer de pasaporte.

Según los datos recabados por las entidades sociales, hasta el 83% de las incidencias se recogen de tres entidades, BBVA, Banco Santander y CaixaBank.

El Consorcio de ONG que trabaja en los Campamentos de Población Saharaui Refugiada, en el suroeste de Argelia, emite este llamamiento sobre la alarmante situación humanitaria generada tras las recientes lluvias que han azotado la zona.

Tal y como se venía alertando, las últimas semanas han sido preocupantes en los campamentos de Tindouf debido a las inclemencias meteorológicas. Tras varios días de lluvias continuadas, los días 22 y 23 de septiembre, una gran tormenta azotó el campamento de Dajla provocando fuertes inundaciones, en lo que ya ha sido declarado por el Gobierno Saharaui como zona catastrófica.

Las ONG, junto con las agencias internacionales de la ONU y la Media Luna Roja Saharaui (MLRS), se han desplazado a la zona afectada y han podido valorar de primera mano la desoladora situación. Tal y como ha ido informando la MLRS en sus comunicados, se estima que alrededor de 3.000 personas se han visto afectadas, de las que al menos 850 lo han perdido todo. La valoración de daños continúa su labor, ya que se espera que a medida que avancen los días, el número de personas afectadas incremente.

La respuesta humanitaria inicial del Gobierno de Argelia, ONG y agencias internacionales, ha permitido cubrir las primeras necesidades mediante la distribución de jaimas, alimentación básica y agua, además de atención médica primaria y saneamiento. Pero estas contribuciones no son
suficientes para paliar la situación de extrema vulnerabilidad de más de 500 familias saharauis del campamento de Dajla.

Frente a esta dramática situación, con la que la población saharaui ha vuelto a rememorar las graves inundaciones sufridas en los años 1995, 2006 y 2015, desde el Consorcio de ONG alertamos ante la posibilidad de que la situación se torne más crítica en las próximas semanas.

En consecuencia, emitimos el presente llamamiento humanitario de EXTREMA URGENCIA, para movilizar fondos a través de las Naciones Unidas, donantes internacionales, ONG, movimientos sociales y sociedad civil ante la necesidad inminente de actuar para evitar la hambruna, epidemias y otros riesgos que pongan en peligro la supervivencia de la población saharaui.

En Rabuni, a 30 de septiembre de 2024.

Consorcio de ONG en los Campamentos Saharauis

Las ONG pertenecientes al Consorcio que se adhieren al presente llamamiento son:
Africa ‘70, Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), Association Femmes Action
Développement (AFAD), Asociación Navarra de Amigos de la RASD (ANARASD), Asociación de
Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras (ATTSF), Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
(CERAI), Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Danish Refugee Council (DRC),
Enfants Réfugiés du Monde (ERdM), Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharauí
(ACAPS), Fundación Mundubat-Mundubat Fundazioa, Medicus Mundi Mediterrània (MMmed), Movimiento
por la Paz (MPDL), Ojos del Mundo, Oxfam, Solidaridad Internacional Andalucía (SI-A), Triangle Génération
Humanitaire (TGH).