La Plataforma del Tercer Sector present\u00f3 hoy en Madrid el dec\u00e1logo de propuestas electorales que presentar\u00e1 en las pr\u00f3ximas semanas a los partidos que concurren a las elecciones generales.
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La Plataforma del Tercer Sector<\/span> presentó hoy en Madrid el decálogo de propuestas electorales<\/span> que presentará en las próximas semanas a los partidos que concurren a las elecciones generales.<\/p>\n Información de la Plataforma del Tercer Sector<\/a>.<\/p>\n Luciano Poyato<\/strong>, presidente de la Plataforma del Tercer Sector<\/a>, afirmó hoy durante un briefing informativo celebrado en la agencia de noticias Servimedia que es necesaria “una reforma Constitucional <\/strong>que “reconozca los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales, reconozca el papel del Tercer Sector y garantice el equilibrio en la atención social”. El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, que desgranó el decálogo de propuestas electorales<\/strong> que su entidad va a presentar a los partidos que concurren a las próximas elecciones generales, señaló que “las prestaciones sociales tienen que ser equitativas en todas las Comunidades Autónomas”, por lo piden la reforma del <\/strong>Título Octavo de la Constitución<\/strong> para el establecimiento de “competencias de naturaleza compartida” en materia de asistencia social <\/strong>de Estado y Comunidades Autónomas.<\/p>\n \nPoyato remarcó que su entidad no busca “recentralizar competencias (…) ni definir la articulación política del país”, sino establecer un sistema en que el Estado “pueda<\/strong> compensar<\/strong> <\/strong>los<\/strong> desequilibrios económicos<\/strong>” entre comunidades en la atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. “No queremos quitar competencias a las Comunidades Autónomas<\/strong>”, afirmó, sino que “queremos sumar”. Así según explicó Elena Rodríguez, directora de la Plataforma, esta reforma permitiría “exigir un mínimo de competencias estatales en materia social que garanticen la solidaridad y el equilibrio territorial<\/strong>”. “Una persona pobre es una persona pobre en cualquier sitio”, afirmó, y “la obligación de atenderla debe ser igual independientemente de donde resida<\/strong>”.<\/p>\n \nEn este sentido, la entidad propone el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas<\/strong> ya que, según afirmó Poyato “hay muchas diferencias entre Comunidades Autónomas en lo que refiere al ingreso mínimo de inserción” y creemos que “se debe equilibrar las rentas mínimas de este país independientemente de donde se nazca o resida”<\/strong>.<\/p>\n \nLa reforma constitucional que propone la Plataforma incluye, como punto de partida, la conversión de los<\/strong> derechos sociales, culturales y económicos en derechos fundamentales<\/strong>. Este grupo de derechos, derivados de la legislación internacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y normativas específicas de la Organización Internacional del Trabajo o de la UNESCO), incluye el derecho a la alimentación, <\/strong>a la vivienda adecuada, <\/strong>a la educación, <\/strong>a la salud, <\/strong>a la seguridad social, <\/strong>a la participación en la vida cultural, <\/strong>al agua y saneamiento, <\/strong>o al trabajo<\/strong>. Aunque algunos de ellos (derecho a la educación, al trabajo o a la libertad de enseñanza y cátedra) están reconocidos en la Constitución Española, el grupo completo no está incluidos de manera expresa (y por tanto en su totalidad) entre los derechos fundamentales.<\/p>\n \nEs por ello que, según explicó el presidente de la Plataforma, el reconocimiento de los “derechos sociales, culturales y económicos como fundamentales”, para “que el respaldo constitucional los convierta en subjetivos, vinculantes y exigibles<\/strong>”, y que “las cuestiones relacionadas a legislar tengan una argumentación de suficiente peso". En España existen actualmente 13.600.000 personas en riesgo de exclusión social, lo que supone el 29% de la población, De ellas, más de tres millones se encuentran en pobreza y exclusión severa. “En situaciones de extrema urgencia hay que tomar medidas extraordinarias<\/strong>”, por lo que, según afirmó Poyato, es necesaria la creación de “un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza<\/strong>”, que comprometa una partida económica “de nuevo cuño”, de “mil millones de euros anuales<\/strong>”. En este sentido, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector<\/a> recordó que todavía se está "a tiempo" para destinar una parte de los fondos europeos a la "inversión" en la exclusión, pues aparte del fomento de obras públicas e infraestructuras, esos fondos permiten "que haya un porcentaje" destinado a los más vulnerables.<\/p>\n \n En esta línea, la Plataforma propone además la suscripción de un Pacto contra la Pobreza<\/strong> para reducir en un 15% el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión y un 25% de la tasa de pobreza infantil y la adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral, orientado al “fomento de la empleabilidad de todas las clases sociales<\/strong>”, ya que habitualmente “los planes de empleo suelen fracasar en lo que respecta a las personas en riesgo exclusión”. Según Poyato, “la producción y la creación de empleo no es sinónimo de la salida de la exclusión y la pobreza”, <\/strong>sino que “depende de las políticas que se adopten”, por lo que “si no se desarrollan políticas en materia de acceso a la educación, de garantía de rentas mínimas, o si no hay plan de empleabilidad dirigido a las clases excluidas”, seguiremos “generando más excluidos que se quedan fuera del sistema educativo y laboral”.<\/p>\n \n El decálogo de la Plataforma del Tercer Sector incluye asimismo destinar los fondos de la futura Tasa de Transacciones Financieras <\/strong>aprobada recientemente por 11 países europeos (y que se estima para España en unos 5.000 millones de euros anuales) a fines sociales<\/strong>; la derogación del Real Decreto Ley 16\/2012 que restringe el acceso universal a la sanidad<\/strong>; el establecimiento de un marco estatal de apoyos y ayudas al tercer sector <\/strong>(tras la reciente aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y la reforma de la de Voluntariado) en los dos primeros años de la nueva legislatura; y el reconocimiento e inclusión de las entidades del Tercer Sector en el Comité Económico y Social <\/strong>de España (CES) y Europeo (CESE). <\/p>\n
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\nLa propuesta de reforma incluye además el reconocimiento expreso del papel de la sociedad civil organizada, a través del Tercer Sector<\/strong>, como "interlocutor necesario" que garantice el "diálogo" para “tener un papel de complementariedad" en el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales<\/strong> de la ciudadanía. <\/p>\nPlan de Lucha contra la Pobreza<\/strong><\/h4>\n