Coordinadora ONGD-España<\/a>.<\/p>\n Bajo el título “Esto no es suficiente”, el documento analiza la contribución económica<\/strong> de los países europeos a la cooperación y la calidad<\/strong> de esos fondos a la hora de luchar contra la pobreza, promover la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Los análisis realizados alertan sobre la peligrosa tendencia a computar como ayuda al desarrollo partidas que no tienen como foco la lucha contra la pobreza y la desigualdad en los países de destino. Tal es el caso de los fondos destinados a la atención a personas refugiadas dentro de las fronteras europeas, que deberían realizarse con recursos propios. <\/p>\nPero también se incluye en este la condonación de la deuda o la concesión de becas de estudios. Es urgente, tal como denuncia CONCORD, acabar con esas prácticas y garantizar que el dinero contribuye de manera efectiva al desarrollo en terceros países; las consecuencias de no hacerlo pueden ser nefastas para la garantía de derechos como la educación, la sanidad, el agua o la alimentación, entre otros.<\/strong><\/p>\nEspaña<\/strong><\/h4>\n Con la lupa en España el informe concluye que nuestro país está en una situación de mínimos en cantidad y en calidad. Desde el punto de vista cuantitativo, la política de cooperación española se encuentra en su peor momento desde hace décadas<\/strong>. Tras cinco años de recortes hemos alcanzado niveles propios de los años 80<\/strong>. El porcentaje que España destina a cooperación es de un 0,13%de la RNB, una cifra equivalente a la de Hungría e, incluso, por debajo de países como Malta o Eslovenia. <\/p>\nEl gobierno aseguró que retomaría la senda de la recuperación económica; tras tres años de crecimiento económico, esta promesas no se ha cumplido. Un incumplimiento que afecta a la credibilidad de España como socio internacional comprometido. El propio CAD en su último informe de pares ha demandado al gobierno español que revierta esta tendencia<\/strong> y recupere los fondos destinados a esta política.<\/p>\nCabe destacar además, que el 65% de la AOD española corresponde a fondos que debe aportar obligatoriamente a instituciones multilaterales<\/strong>. Por lo tanto, no contamos con una verdadera apuesta por esta política, sino más bien, un cumplimiento de mínimos al que el país está obligado. Eso deja al Plan Director que guía esta política en un mero documento de buenas intenciones sin voluntad política real. <\/p>\nHay que tener en cuenta, además, que el gobierno viene adoptando el pernicioso hábito de presupuestar partidas para cooperación que no ejecuta<\/strong>. Aproximadamente uno de cada cinco euros presupuestados para cooperación no son finalmente ejecutados. <\/p>\nAl poner el foco en la eficacia y calidad de la ayuda<\/strong>, se observa que mientras se inflan partidas que no contribuyen a los objetivos de lucha contra la pobreza, se debilitan aquellas que sí contribuyen –como es el caso de la Ayuda Humanitaria o fondos destinados a la AECID o a las ONG. Existe, además, un empeoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas; y así queda reflejado en la caída que sufre España en el Índice de Transparencia de la Ayuda, que pasa del puesto 10 al 17<\/strong>.<\/p>\nEl apoyo público a la sociedad civil ha continuado su senda decreciente<\/strong>; y, además, el gobierno ha incumplido la recomendación del CAD de crear un marco de relación entre la administración y las ONG para fortalecer la implicación de la sociedad civil. Tampoco se ha avanzado en la definición de estándares robustos de cumplimiento de los derechos humanos y de sostenibilidad en relación al sector privado como agente de desarrollo. <\/p>\nEn un tiempo de graves crisis mundiales, España no puede eludir sus compromisos; además de irresponsable es una actitud suicida. Como el propio Plan Director contempla, “solo aseguraremos nuestro futuro si podemos asegurar también el de todas las personas que comparten con nosotros el planeta y sus recursos limitados”. <\/p>\n